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La Junta de Andalucía prevé hacer empleados públicos a 963 laborales de su macrofundación

En pleno debate sobre la necesidad de recortar la grasa acumulada durante décadas de expansión del sector público andaluz, el Ejecutivo andaluz ha iniciado los trámites para convertir su macrofundación Andalucía Emprende en una agencia pública empresarial. El cambio de personalidad jurídica, recogido en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo, no es un mero ajuste cosmético. Afectará de forma significativa a los 963 trabajadores que componen su plantilla.

Con su integración en el nuevo organismo, prevista en la disposición adicional segunda de la citada norma, casi un millar de laborales que se dedican a asesorar a emprendedores sobre la puesta en marcha de negocios, van a adquirir de forma automática la condición de empleados públicos, estatus del que hasta ahora carecían.

    El anteproyecto da carta blanca a la nueva agencia para nombrar a directivos

«El personal de la agencia se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público», reza el artículo 11 del anteproyecto, que, a renglón seguido, reconoce «el ejercicio de las potestades públicas». La nueva regulación también da carta blanca a la agencia para «disponer del personal directivo que sus estatutos determinen» atendiendo a «la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas», según el borrador de la ley que deberá validar el Parlamento andaluz. El PSOE, sin mayoría absoluta en la Cámara, necesitará el apoyo de Ciudadanos o de otro grupo para aprobarla.

Los 963 empleados se incorporarán a la agencia «de acuerdo con las normas de sucesión de empresas», sin necesidad de someterse a procesos selectivos adicionales. Sólo saldrían a convocatoria pública los nuevos contratos.
Más de 310 millones en ayudas

¿En que cambia la situación de estos laborales? Con el cambio legislativo, podrían ejercer tareas administrativas que desempeñan «de facto» bajo una regulación difusa, mediante las denominadas encomiendas de gestión o convenios, una fórmula cuestionada en sucesivas sentencias judiciales.

Para ejecutar dichos encargos, la Consejería de Economía y Conocimiento, a la que está adscrita la fundación, le inyecta cada año cuantiosas subvenciones que en su mayor parte (78%) se emplean en pagar las nóminas de su personal. Desde 2009 hasta junio de 2015, Andalucía Emprende ha recibido ayudas por 310,7 millones de euros para financiar gastos de estructura y planes de subvenciones para fomentar la cultura emprendedora.

El nuevo estatus de los trabajadores de la fundación pasó inadvertido en la presentación del anteproyecto que realizó hace justo una semana el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que puso el foco sobre las expectativas de la futura Ley de Emprendimiento solapando aspectos que pueden suscitar más polémica entre los funcionarios, relegados a los párrafos finales del texto.

De hecho, existe el polémico precedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en la agencia de régimen especial Servicio Andaluz de Empleo al amparo de la ley de reordenación o del «enchufismo» en el año 2011. Arellano destacó que entre 2017 y 2020 el nuevo anteproyecto impulsará la creación de 60.000 empresas y 72.000 empleos.

A lo largo de los 29 artículos que componen la norma no se explican las razones para liquidar la fundación actual, creada en 1999, y convertirla en una agencia. De hecho, las funciones que asumirá son las mismas, con pocos cambios, que ya establecen los estatutos de la fundación, que se resumen en la promoción de la cultura y actitud emprendedora.

Para ello cuenta con una red de 880 oficinas repartidas por todo el territorio andaluz y 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial atendidos por equipos «cualificados de especialistas», estructura que absorberá la agencia. Como novedad, se ampliará el servicio a empresarios que han fracasado en anteriores negocios, se fomentarán las cooperativas en el mundo rural y se creará el Portal del Emprendimiento.

El caudal de fondos públicos que recibe Andalucía Emprende causó asombro al juez de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros. En una sentencia a favor del despido de un trabajador, el magistrado criticó «el dineral» que cuesta «al sufrido contribuyente» mantener un ente «ineficiente».

Alegria, alegria,... Venga ahi que no nos farte de na.

Los hacen fijos sin oposiciones...se agranda la red, mientras, recortes en otros lados

Poca vergüenza tiene la Junta

La oposición tumba el 'decretazo' de los 'enchufados' de Susana Díaz

06/04/2016 17:30

"Chantaje". "Juego sucio". "Falta de respeto a esta Cámara". "Mangoneo". Todos los grupos de la oposición andaluza han reprochado de forma unánime al Gobierno andaluz su maniobra para otorgar funciones a unos 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que no tienen tareas atribuidas. Ciudadanos, socio parlamentario del PSOE, se ha abstenido en la votación, por lo que el decreto ha sido rechazado con los votos de PP, Podemos e IU. Previamente, el partido de Juan Marín ha mostrado su rechazo al decreto ley presentado por Susana Díaz para exonerar a los ayuntamientos andaluces de una serie de obligaciones legales necesarias para poder recibir subvenciones para programas de empleo.

Esa medida, consensuada entre varios grupos en el Parlamento en diciembre, se ha frustrado este miércoles por la decisión unilateral del PSOE de incluir en ese decreto una disposición adicional que otorga funciones a esos trabajadores, en su mayoría procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Unos 1.300 empleados de este organismo, cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude de la formación, se integraron en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.

Ciudadanos coincidía con el PSOE en la necesidad de otorgar funciones a esos trabajadores. Pero así no, como ha dejado claro el diputado Carlos Hernández White. "El problema es que ustedes no han sido transparentes y han jugado sucio. Hablamos de algo tan importante como el SAE, que debería funcionar a la perfección con el personal más adecuado, en una comunidad con un millón de parados. Pero parece que les importa muy poco los desempleados andaluces. Su objetivo no es que el SAE dé el mejor servicio posible a los andaluces. Para Ciudadanos sí. En este decreto no han contado con las organizaciones sindicales ni han respetado los derechos de igualdad, mérito y capacidad de todos los andaluces. Ustedes quieren solucionar ese problema con personal que les sobra de una fundación que ustedes crearon y cuya gestión está en los tribunales de Justicia. ¿Con esta gestión quieren afrontar el problema del paro?", les ha reprochado.

El rechazo de la oposición al decreto se produce por dos motivos. Uno de fondo y otro de forma. En cuanto al contenido, todos los grupos de la oposición se han sumado a la exposición realizada por el portavoz de IU José Antonio Castro. Ha explicado que los propios letrados de la Junta, en un informe, dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa. Para la "inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales" hace falta, según los letrados, utilizar programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social a los que sólo pueden tener acceso los funcionarios.

En cuanto a las formas, todos los grupos han reprochado que la Junta haya ocultado esa disposición adicional hasta que el decreto se publicó en el BOJA el pasado día 22. Esa medida ni se ha presentado ni se ha discutido con los grupos parlamentarios ni con los sindicatos. En este sentido, como explicó Castro, su inclusión en el decreto que pretendía facilitar el acceso de los ayuntamientos a los programas de empleo suponía un "chantaje": "ayuntamientos y paro frente a los laborales del SAE", ha denunciado. Además, los letrados aseguran que no se considera acreditada la urgente necesidad que justifique el uso de la figura excepcional del decreto ley, que se salta varios pasos del trámite parlamentario ordinario, como la participación de los colectivos afectados.

"¿Por qué han querido cargarse ese decreto?" "¿De verdad todavía no son conscientes de que no tienen mayoría absoluta? ¿De verdad creen que pueden seguir faltándole el respeto a esta Cámara? Entérense ya, esa forma de mandar y mangonear se ha acabado ya", ha afirmado el diputado del PP Miguel Ángel Torrico.

El trabajo para toda la vida al que hasta ahora se llegaba por oposición va a quedar exclusivamente reservado para los amigos y familiares de los políticos. A los que no lo seamos nos esperan el MIR  y la "autonomía de los centros".

Que barbaridad....

¿Hasta cuando va a seguir esto?
Lo peor es que ya no se podrá volver atrás

Con lo que cuesta sacar las oposiciones... Y afortunados aquellos pocos que de entre muchisimos, entran en bolsa

Que pena de gestion. Que injusto. Que impotencia....

Y que ganas de mandarlo todo a la mierda y sobrevivir para vivir, aunque para ello tengamos que pisar o perjudicar a los demas. El enfrentamiento entre los de abajo para perpetuar la vidorra de los de arriba.

Que asco!

Estas perrerias las lleva haciendo el Psoe toda la vida, clientelismo puro y duro