ForoUSTEA de maestros/as y profesores/as que les gusta la educación

Ya es inminente que le metan mano a lo único que decían que era intocable:



El País
07/06/2013

A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.

Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el "borrador, pendiente de los últimos ajustes", de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.

El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —"el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019"— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.

Una reforma para pensiones presentes y futuras

La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).

La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.

El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja "la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor". Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.

De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que "por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas". Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

Los funcionarios

No se olvida el comité de sabios de los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. "Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]".

En este punto y en esta versión hay retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.

El factor de sostenibilidad que propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el propio borrador: "implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años".

De no sufrir modificaciones sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.

Cambios más allá de la pensión

Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al "considerar las cotizaciones de toda la vida laboral". De hecho, afirma que este mecanismo "no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad".

Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la "sostenibilidad del sistema público de pensiones", el borrador está redactado en tono defensivo. "El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte", defiende el borrador. Y argumenta: "A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará". Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuvas fórmulas.

También responde las posibles críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. "Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social", apunta. "No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza", prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar el por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno.

Estos son sus "expertos":  


El País
12/04/2013
   
El Gobierno ya ha dado el primer paso para la siguiente reforma de pensiones: ha designado a la comisión de expertos que tiene que elaborar un informe para el diseño del factor de sostenibilidad. El comité estará integrado por 12 especialistas en diversas áreas relacionadas con las pensiones y la Seguridad Social (sociología, demografía, derecho, economía y actuariales) y será presidido por el catedrático de Sociología, Víctor Pérez-Díaz. En principio, la encomienda no tiene un plazo cerrado, explican en el Ministerio de Empleo, pero sí que se espera que el informe esté listo en junio.

Para confeccionar la comisión, nombrada en Consejo de Ministros, Empleo ha recabado la opinión y las propuestas de agentes sociales, oposición y también de académicos. Y eso se aprecia al ver el perfil de los integrantes. El objetivo es que el diseño del factor de sostenibilidad —probablemente una de las reformas de pensiones más importantes que se puede hacer— parta de un consenso amplio y que no suceda como ha pasado con los últimos cambios en la jubilación anticipada y parcial, que ha provocado el rechazo de sindicatos y oposición.

El Gobierno ha aceptado los nombres propuestos por el PSOE: el catedrático de Seguridad Social, José Luis Tortuero, y el catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga, también colaborador habitual de UGT. No obstante, este sindicato ha emitido un comunicando afirmando que no se le ha consultado en estos nombramientos. También integra la comisión el economista Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CC OO.

Por parte patronal, integra el comité Miguel Ángel Vázquez, periodista de formación, procede de UNESPA, la patronal de las aseguradoras, donde ocupa la dirección del departamento de Análisis y Estudios.

Junto a ellos está el profesor de Economía de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde-Ruiz, también subdirector de la Fundación de Estudios Aplicados, Fedea. Tiene un perfil similar Rafael Doménech, es economista jefe para Europa del servicio de Estudios del BBVA. También integra la lista José Enrique Devesa Carpio, profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia.

La única mujer que formará parte de la comisión de expertos es Mercedes Ayuso, profesora de Econometría y Estadística en la Universidad de Barcelona. Otros integrantes de la comisión son los catedráticos de Hacienda Pública Francisco Castellano y Manuel Lagares, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, José María Marín Vigueras.



Me pregunto por qué no han consultado con otros expertos:



Vicenç Navarro y Juan Torres López. Espasa Libros. Barcelona 2013

Este libro trata de poner las cosas en su sitio explicando de la forma más clara posible lo que hay detrás de todo ese catastrofismo.

Hace ya años que se inició un claro ataque a las pensiones públicas, uno de los derechos más apreciados por la población. Para ello se ha difundido hasta la saciedad un discurso catastrofista que a base de ser repetido ha calado hondo en la gente: la sociedad se hace vieja y dentro de unos años no habrá trabajadores suficientes para financiar las pensiones, así que conviene suscribir cuanto antes fondos privados.

Estas ideas se suelen presentar acompañadas de informes sesudos que auguran un déficit insoportable para la Seguridad Social y su gran difusión mediática hace que la opinión pública termine por creer que su futuro está en el aire.

La realidad es que este discurso carece de fundamento científico, está muy ideologizado, se presenta sin pruebas y, hasta el momento, todas sus predicciones han sido desmentidas por los hechos. Para disimularlo, se silencian los análisis de quienes demuestran que la viabilidad y el futuro de las pensiones tienen que ver con otros factores, que no se tienen en cuenta para poder justificar así su progresiva privatización.


A lo mejor es porque saben que no les van a aconsejar hacer lo que ya ellos de antemano tienen pensado hacer...

!!!De autentica verguenza!!!!!. !!!!!Bochornoso!!!!, !!!!Intolerable!!!!!!. En cambio el señor Barcenas en la calle y de vacaciones, Undargarin idem, la infanta sin condenar y sin imputar; el amigo Guerrero en la calle sin fianza; a Blesa lo quieren echar de la cárcel.
¿Como no van a bajar las pensiones con esta panda de granujas y ladrones?. Alguien tiene que pagar los juicios y todo este desvario

Albariza, hay que reconocerles a los cabritos estos que son detallistas: no piensan dejar un solo aspecto sin jorobar...Supongo que querrán pensionistas con minijobs, para parecernos más a la sagrada Alemania...

Curioso que en ese comite de expertos sean todos de las aseguradoras privadas. La tarta de las pesniones está  ya sobre la mesa. Imaginaos quienes se van a llevar los trozos más grandres. Lo curios es ver como tan solo El Pais pone esta información, si mirais  El Mundo, ABC o La razón no encontrareis ninguna referencia a este tema. Como nos engañan estos sinverguenzas, por beneficiar a sus amiguetes de las aseguradoras, nos van a joder pero bien a todos los futuros pensionistas. Espero que esto sea la gota que colma el vaso y que de una puñetera vez salgamos todos a la calle y le digamos al señor rajoy BASTA YA.
Saludos.

Muchas gracias Albariza, por una información tan detallada y bien estructurada  ;)

Mucha gente más o menos joven piensa que eso de las pensiones y las jubilaciones es cosa de viejos y que nos afectará pero dentro de muchos años.

Sin embargo, si acaban con la jubilación anticipada de los funcionarios, como ya lo han hecho con el resto de trabajadores, que hasta ahora se estaba produciendo de forma masiva al cumplir los 60 años, tras 30 de cotización, esto significará que habrá una fortísima reducción del número de jubilaciones durante los próximos 7 años y no sólo supondrá que no habrá nuevas vacantes para interinos, sino para todos los concursos de traslados de los funcionarios.

Por tanto este es un asunto de suma importancia no sólo para los que se tengan que jubilar más tarde ganandando menos, sino para todos los demás.

Y una vez más, aquí los grandes beneficiados serán los bancos (¡qué raro!), que verán cómo la gente se ve obligada a contratar sus planes de pensiones privados.


Saludos.

: Albariza  07 June, 2013, 08:26:15 +02:00

De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que "por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas". Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

¿Quiere eso decir que te van a tener en cuenta lo que cobrabas 25 años antes de jubilarte?

Pero es que quizás ese sueldo hace 25 años era algo aceptable y con la subida de la inflación se ha quedado en nada, ¿no?

Por ejemplo, 100.000 ptas hace 25 años no daban para lo mismo que 600 € ahora.

Al hacer el cálculo eso hará que la cuantía se quede por los suelos, ¿no?

El problema no son las pensiones ni el sistema público de pensiones en sí; el problema es que tenemos 6 millones de parados; seis millones de personas que no cotizan a la Seguridad Social. Este es el verdadero problema. Si no atajamos el problema de raiz; es decir, creamos empleo, estaremos poniéndole parches al enfermo. Así que digamoslo claramente; EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES NO ESTA EN QUIEBRA, lo que necesita este pais es TRABAJO Y EMPLEO. Lo demás son juegos intencionados de la derecha para que las pensiones sean privatizadas en parte para beneficiar, como no, a sus amiguetes de las grande aseguradoras.
Saludos.

: linus  07 June, 2013, 19:11:00 +02:00
¿Quiere eso decir que te van a tener en cuenta lo que cobrabas 25 años antes de jubilarte?
Al hacer el cálculo eso hará que la cuantía se quede por los suelos, ¿no?

Claro, justamente para eso lo hacen dao que el objetivo declarado de la reforma es reducir el gasto de las pensiones.

: pressfield  07 June, 2013, 19:54:56 +02:00
El problema no son las pensiones ni el sistema público de pensiones en sí; el problema es que tenemos 6 millones de parados

Y retrasando las jubilaciones habrá más parados aún, no cabe duda. Todas las medidas del gobierno están provocando más paro. No hay una sola a favor del empleo ni al crecimiento de la economía.

Lo único que le importa a este gobierno y al anterior es el déficit para así garantizar a los bancos alemanes la devolución de lo prestado a bancos, cajas y al estado. El paro les da igual e incluso les beneficia. Cuanto más paro, más bajan los salarios y más aumenta la competitividad. El único inconveniente serían las movilizaciones sociales, pero como casi no se producen, no hay problema.


Saludos.

(http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2013/04/11/vinetas/1365694217_786108_1365694297_noticia_normal.jpg) (http://elpais.com/elpais/2013/04/11/vinetas/1365694217_786108.html)

: respublica  07 June, 2013, 19:01:26 +02:00
Por tanto este es un asunto de suma importancia no sólo para los que se tengan que jubilar más tarde ganandando menos, sino para todos los demás.

Incluyendo el "efecto rebote" del empeoramiento en la situación de las familias que están comiendo de la pensión de sus mayores, que no son pocas.

Muchas gracias Albariza, por una información tan detallada y bien estructurada  ;)

Gracias a ti, Respublica. Tengo buenos maestros.  :)

Los sabios designados por el Gobierno proponen que las jubilaciones ya no suban con el IPC, y que sólo aumenten si suben los ingresos del sistema. Fátima Bañez adelanta que el Gobierno aprobará en julio la ley con la reforma de las pensiones...

---

Oposición y sindicatos recelan del comité de expertos designado por Fátima Báñez, ministra de Empleo, que deberá elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones: sospechan que en realidad Rajoy prepara otro tajo al sistema usando como coartada el dictamen de los 'sabios'...

---

El informe señala que "todo el delito que han cometido" es señalar un problema ya existente.
Sus previsiones son de una "disminución significativa" por la aplicación de las fórmulas.
Piden aprovechar la crisis porque ahora "el sacrificio es más fácil de aceptar".

Juan Torres López



Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.

Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?

Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.

Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.

Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.

Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para "demostrar" lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060.... Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.

Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.

En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.

En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.

Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.

Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.

Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.

Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.

Pongamos un ejemplo muy fácil.

Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.

Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).

Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.

Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.

Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.

En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.

Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.

Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org/)


A  primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como "Comisión de Expertos", ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la "Comisión de Expertos" estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo "El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones" (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado "Los inevitables recortes en pensiones" (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era "¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará". El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: "¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (...) Los salarios deberían poder descender". Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios.

No le deis más vueltas; en el fondo todo está preparado para que las aseguradoras privadas entren al saco en el negocio de las pensiones. Está más claro que el agua. Por supuesto que influye en número de parados y que hay menos gente cotizando, pero en el fondo aprovechan la coyuntura de crisis para imponer los planes privados de pensiones. Todo es cuestión de dinero, compañeros, maldito y todo poderoso dinero que parece ser el objetivo primordial de este neoliberalismo atroz que se ha apoderado de los destinos de la vieja Europa y lo malo es que parece que ha venido para quedarse por mucho tiempo. Cada dia tengo más claro que nos nos gobiernan los políticos a los que votamos, nos gobiernan las grandes fortunas y los grandes fondos de inversión. Espero que el viejo refrán de " la avaricia rompe el saco" se les cumpla a estos sinverguenzas.
Saludos.

Buen escrito.

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmBeRs2niEd0dHGcgliN0OdqCfnEjbyBjf5tRStW6hdHrSOhA_)

Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org/)

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


El mensaje que se está transmitiendo con gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables, mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la crisis y para "salvar" al Estado del Bienestar. El abanico de esta sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las pensiones en un artículo titulado significativamente "Los inevitables recortes en pensiones" en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que publica el mismo día y en el mismo número un editorial, "La revisión de las pensiones del futuro", de apoyo a la reducción de las pensiones. Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las pensiones.

Veamos primero los datos que se aportan para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8 millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo, para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la voluntad política.

Estas tesis, sin embargo, son altamente cuestionables. Todas ellas se caracterizan por intentar resolver los problemas a base de recortes y no a base de aumentar los ingresos (para ver alternativas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España de Vicenç Navarro, Juan López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos. En primer lugar, es altamente cuestionable que dentro de cuarenta años a partir de ahora España vaya a ser más pequeña y a tener una población menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas demográficas. Si miramos el récord histórico demográfico de los pueblos y naciones de España, y muy en particular los últimos treinta años, podemos ver que, excepto en casos de recesión profunda, la población ha crecido. Es más, diferencial entre el nivel de vida de España y el de sus vecinos del sur continuará creciendo, con lo cual es más que probable que la inmigración no se interrumpa. Los porcentajes que J.O. utiliza, sumamente alarmistas, son más que cuestionables. Si asumimos que las tasas de crecimiento demográfico serán las mismas o semejantes a las de los periodos expansivos de la economía (que son los periodos más largos, a no ser que asumamos que estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), entonces estos porcentajes utilizados por J.O. son excesivamente alarmistas. Es más, España está entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozona y de la UE y, por lo tanto, es de esperar que (como ocurre en países menos desarrollados) su crecimiento económico será mayor que el promedio de la Eurozona. Esta ha sido la experiencia de España en los últimos cincuenta años. Y a mayor crecimiento económico puede asumirse que habrá mayores ingresos al Estado. Creo que sería un error asumir que España será más pobre en el 2052 que hoy.

Lo cual me lleva a otros dos factores que cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el primero de ellos el número y el porcentaje de la población ocupada cotizante a la Seguridad Social. España tiene un filón que apenas ha explotado: el enorme potencial de la mujer en el mercado de trabajo. Solo el 51% de las mujeres están trabajando en el mercado de trabajo. Si en lugar del 51% fuera el 72% como en los países escandinavos, habría más de tres millones más de trabajadoras. Y el segundo factor es la productividad, puesto que a mayor productividad, mayores salarios y mayor cotización social. Es más, se necesita una mayor progresividad en la financiación de la Seguridad Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, a mayores ingresos, menor es la cotización social (a partir de un nivel totalmente arbitrario). La corrección de tal regresividad aumentaría considerablemente los ingresos a la Seguridad Social.

Otro factor de gran importancia es el aumento de la productividad. La importancia de este factor queda clara cuando calculamos que el PIB aumentaría 2,25 veces en unos cincuenta años si la productividad aumentara un 1,5% por año (una cifra razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje del PIB gastado en pensiones pasara del 8% del PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía la cantidad tanto para los pensionistas como para los no pensionistas sería mayor en 2060 que, por ejemplo, en 2007, cuando se inició la crisis. Así, si en el año 2007, de cada cien euros los pensionistas recibían 8 euros y los no pensionistas recibían 92, en el año 2060 aquellos cien euros habrían aumentado a 225 euros (constantes, con la misma capacidad adquisitiva) con lo cual los pensionistas recibirán mas de 8 euros, es decir, 33 euros (el 15% de 225) y los no pensionistas recibirán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores versus ancianos constante, sin tener en cuenta el cambio de la productividad, es un error enorme. Hace cuarenta años había un 18% de la población en España trabajando en el campo, alimentando a la población. Hoy solo el 2% lo hace y produce más de lo que producía entonces el 18%. Pongan "pensiones" en lugar de "alimento" y pueden ver que si hoy se necesitan 2,5 trabajadores por pensionista, es razonable esperar que dentro de cuarenta años haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el ridículo que habría hecho un economista que al ver que los trabajadores agrícolas disminuían hubiera alertado que España se moriría de hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la palabra "alimento" por "pensiones" y verán el ridículo de las tesis catastrofistas.

El punto clave es, pues, la productividad y cómo se distribuye la renta generada por este aumento de la productividad. En los últimos años (desde que se estableció el euro) hemos visto que las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo (en parte resultado de las políticas neoliberales que han guiado el establecimiento del euro) mientras que las derivadas del capital han aumentado, en proporción a la renta total. Por primera vez desde que hay democracia, las rentas del capital son iguales a las rentas del trabajo. No es, pues, de extrañar, que aquellos programas como las pensiones públicas financiadas por las rentas del trabajo hayan sido negativamente afectadas por esta redistribución de las rentas a favor del capital a costa del trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada que ver con la transición demográfica. Como explicamos Juan Torres y yo en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, si suponemos que las rentas de un país son cuatro euros, dos que van al capital y dos al trabajo, y si de estos dos uno va a las pensiones, es lógico que si en lugar de dos son tres los que van al capital, sólo uno queda para el mundo del trabajo, con lo cual en lugar de un euro a las pensiones, va solo medio euro. Esto es lo que está pasando. Si se quieren salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas que se derivan del aumento de productividad a favor de las rentas del trabajo, tema que jamás aparece en las reflexiones de los catastrofistas, donde jamás se habla de la necesidad de la redistribución de las rentas y riquezas en España (uno de los Estados menos redistributivos y con gasto en pensiones y en protección social más bajos de la UE-15). Así de claro.

(http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2013/06/17/vinetas/1371476747_586071_1371476830_noticia_normal.jpg) (http://elpais.com/elpais/2013/06/17/vinetas/1371476747_586071.html)