Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo

[toroloco]

Susana Díaz lamenta el "ataque" de Sáenz de Santamaría al "autogobierno" y las 35 horas para funcionarios en Andalucía



Gobierno abrirá diálogo con Junta andaluza antes de decidir recurrir 35 horas

[jmcala]

Si España fuese un país serio legislaría para que los políticos que hacen este tipo de juegos electorales fuesen inhabilitados y juzgados a continuación.

[rantanplan]

Si España fuese un país serio legislaría para que los políticos que hacen este tipo de juegos electorales fuesen inhabilitados y juzgados a continuación.

Lo que me gustaría ver a mí es el informe jurídico preceptivo que avalaba la legalidad del decreto: dudo que ningún funcionario del gabinete jurídico dijera que tal disposición fuera válida.

[FLAZO]

Si finalmente se recurriera, está claro que las 2 horas que pretende reducir de carga lectiva a los docentes, serían eliminadas. Pero, en ese caso, ¿puede la Junta separar en otro decreto el tema de las 2 horas de Educación?

En cualquier caso, por lo que tengo entendido, la idea es pasar esas 2 horas de carga docente lectiva a horario no lectivo. ¿cierto?

[rantanplan]

Si finalmente se recurriera, está claro que las 2 horas que pretende reducir de carga lectiva a los docentes, serían eliminadas. Pero, en ese caso, ¿puede la Junta separar en otro decreto el tema de las 2 horas de Educación?

Claro, que puede. Le basta con dar carácter lectivo, en su caso, a las guardias. Eso no contraviene ninguna normativa nacional y, de hecho, se hace en algunas Comunidades Autónomas.

Pero Andalucía no tiene ningún propósito de reducir horas, sino de fingir que las quiere reducir y no le dejan.

En cualquier caso, por lo que tengo entendido, la idea es pasar esas 2 horas de carga docente lectiva a horario no lectivo. ¿cierto?

No, esa no es la idea, porque esa idea funciona y es lo que te he expuesto. La idea es hacer algo que no se pueda hacer, para que recurra Madrid y todo quede igual.

[toroloco]

El Consultivo avisa de la «contradicción» de la Junta con la vuelta a las 35 horas



El Consejo Consultivo detecta una contradicción entre el decreto que aprobó la Junta en octubre por el que regula la vuelta a las 35 horas semanales para los empleados públicos y la ley autonómica de 2012 por la que se estableció la jornada en 37,5 horas para dar cumplimiento al imperativo del Gobierno central. El Consultivo apela también a la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de mayo de 2016, en la que rechaza el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra una serie de artículos de la Ley de Presupuestos del Estado de 2012, entre ellos el mencionado de la jornada laboral de 37 horas y media.

El Parlamento de Andalucía convalidó el jueves, con la abstención de PP y de Ciudadanos y el apoyo de Podemos e IU, el decreto de octubre de vuelta a las 35 horas semanales. El asunto es polémico porque hay abundante jurisprudencia que no aconseja esta medida. El caso más reciente es de finales de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional tumbó la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de volver a las 35 horas semanales.

El Consejo Consultivo, en el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017 que fue aprobado el 24 de octubre señala, en relación a la disposición adicional cuarta –que pasó a ser la quinta en el Proyecto de Ley definitivo–, que «entra en contradicción con el Decreto-Ley 5/2016» de 11 de octubre por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta. «Según la disposición adicional analizada –abunda el Consultivo– durante 2017 sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre». La Junta aprobó esta Ley de Reequilibrio Económico-Financiero para hacer frente a la crisis económica y acometer una serie de ajustes, como el recorte de las pagas extra a los funcionarios, que le permitieran seguir a flote. El artículo 25 recoge que «la jornada ordinaria de trabajo (...) será como mínimo de 37 horas y media semanales de promedio en el cómputo anual». «Sin perjuicio de las consecuencias que han de extraerse de la jurisprudencia constitucional mencionada en este dictamen referida a la fijación de una jornada mínima en la Ley de Presupuestos Generales para el Estado (sentencia 99/2016 de 25 de mayo) el Consejo Consultivo debe poner de manifiesto esta contradicción», señaló.

La sentencia 99/2016 a la que alude el Consultivo es la que emitió el Tribunal Constitucional en la que desestimó el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los Presupuestos Generales del Estado de 2012 que incluían entre otras medidas de ajuste la vuelta a la jornada laboral de 37 horas y media en la disposición adicional número 71.

La Generalitat argumentó que la Ley de Estatuto del Empleado Público otorga «plena libertad a las administraciones para determinar la jornada laboral de sus trabajadores». No obstante, el informe de la Abogacía del Estado que tuvo en cuenta el Constitucional para emitir su sentencia contrapone la idea de que «todas las medidas de contención del gasto de personal que hayan de aplicarse en todo el sector público, incluido el autonómico sin ninguna excepción, competen al Estado», en virtud a los artículos 149, 156 y 135 de la Constitución. Este último, no ajeno a las críticas, fue el que reformó el PSOE con el apoyo del PP y que regula el principio de estabilidad presupuestaria.
Díaz pide al Gobierno que no recurra

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresó ayer su confianza en que el Gobierno de la nación no recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley que devuelve a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales y reprochó al PP-A que no tuviera «el valor de votar en contra» cuando se debatió su convalidación en el Parlamento autonómico. En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Díaz confió en que el decreto-ley no llegue al TC porque el Gobierno «puede tomar la decisión de no recurrir». Defendió que esta medida está avalada por jurisprudencia y por el propio Estatuto de Autonomía, además de contar con el «aval de los servicios jurídicos de la Junta».

«Es verdad que el Gobierno tiene un instrumento, que es recurrir, pero yo apelo a ese diálogo que parece ser el nuevo patrón de conducta de este Gobierno para que entiendan que lo vamos a pagar con el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hay un pacto con los sindicatos y hay un acuerdo con la mayoría de los sindicatos para recuperar las 35 horas», deslizó la presidenta andaluza, que destacó que «si no recurren no hay discusión sobre el fuero, porque actuamos conforme a nuestro fuero».

http://www.larazon.es/local/andalucia/el-consultivo-avisa-de-la-contradiccion-de-la-junta-con-la-vuelta-a-las-35-horas-BI13938191#.Ttt1kXQlnIAx4D9

[toroloco]

Las trampas de la promesa de devolución de las 35 horas a los empleados públicos en Andalucía

El Gobierno de Susana Díaz promete una medida con informe en contra de sus propios servicios jurídicos y con la amenaza del recurso en el TC

Incluso aunque no fuera recurrida por el Gobierno de la Nación, para el grueso de la plantilla no sería una realidad con el inicio del próximo año

http://www.eldiario.es/andalucia/horas_0_582692467.html

[rantanplan]

El Gobierno de Susana Díaz promete una medida con informe en contra de sus propios servicios jurídicos y con la amenaza del recurso en el TC

¿Cuál es la ley que obliga a la realización del informe? La he leído, pero no la recuerdo. Quiero comprobar cómo está redactada: me parece escandaloso que sea preceptivo un informe, con el que luego el político pueda limpiarse el culo sin incurrir en prevaricación.

[toroloco]

Me ocurre igual.

Creo recordar que era la Ley 4/2005 del Consejo Consultivo de Andalucía.

[toroloco]

Gobierno pide a la Junta reunir la Comisión Bilateral y resolver las 35 horas

15/12/2016 11:42 | Actualizado a 15/12/2016 11:47

Madrid, 15 dic (EFE).- El Gobierno se ha dirigido a la Junta de Andalucía para convocar la Comisión Bilateral de Cooperación entre las dos administraciones y abordar en ella el decreto ley de 35 horas semanales, de modo que surja un acuerdo que impida el recurso al Tribunal Constitucional.

Así consta en los escritos que el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, envió la semana pasada a la Junta de Andalucía presidida por Susana Díaz y a los que ha tenido acceso Efe.

El objetivo se reseña en uno de esos textos: "Resolver la discrepancia competencial señalada".

Porque el pasado mes de noviembre el Parlamento andaluz convalidó un decreto ley por el que establece la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo para los funcionarios y empleados de la administración autonómica, una medida que está previsto que comience a hacerse efectiva el próximo 16 de enero.

La aprobación del decreto se produjo a pesar de que unos meses antes, en mayo, el Tribunal Constitucional anuló la misma medida en Castilla-La Mancha, en donde ya se había dado el visto bueno. Hay otras comunidades autónomas, como Extremadura, que cuenta entre sus planes con restaurar dicha jornada laboral, tal y como declaró el presidente Guillermo Fernández Vara hace pocos días.

Con el fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad, pues el Gobierno aprecia conflicto competencial, tal y como alegó con el decreto de Castilla-La Mancha, quiere instaurar un cauce de diálogo y dar con una solución, lo mismo que pretende hacer con el Gobierno vasco, con el que se ha cruzado varios recursos.

El diálogo es la premisa que se ha marcado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desde que es la responsable de las relaciones con las administraciones territoriales.

En el escrito dirigido a Andalucía recuerda por qué quiere convocar la Comisión Bilateral: la jornada de 35 horas semanales "vulnera las competencias del Estado en materia de legislación laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público".

Entiende el alto tribunal que es el Estado "quien debe establecer la jornada mínima", ahora en 37 horas y media semanales de trabajo.

Dada "la identidad" de la norma aprobada en Castilla-la Mancha con la que posteriormente puso en marcha Andalucía, el Gobierno apela al diálogo y al trabajo conjunto para solucionar esta "discrepancia competencial".

"De reunirse ese grupo de trabajo y conseguir alcanzar un acuerdo, se evitaría la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la norma andaluza", remarca el Gobierno.

Efe también ha tenido acceso a otro escrito del Ministerio de Presidencia en el que, tras recordar esa colisión competencial, recuerda que la norma por la que fija las 37 horas y media de cupo laboral semanal "no ha sido derogada y su constitucionalidad ha sido avalada por el Tribunal Constitucional". Es, por tanto, la norma vigente.

"La norma de la Comunidad Autónoma de Andalucía resulta controvertida" por cuanto establece una jornada laboral que no es la que la legislación del Estado establece, indica el Gobierno.

Pero la voluntad del Gobierno es acordar esa "fórmula adecuada" citada que evite la litigiosidad ante el Constitucional. EFE