El Gobierno planea una nueva vía para facilitar a los interinos ser fijos.

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El nuevo procedimiento permitiría al Consell bajar una tasa de temporalidad que llega ya al 40 %

El Gobierno central está trabajando en un nuevo marco normativo para reducir la temporalidad en el empleo público, una vía con la que se pretende facilitar el tránsito del personal interino a una plaza funcionarial. La ministra de de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, ha comenzado ya a trasladar esta iniciativa a las comunidades autónomas en el marco de las reuniones telemáticas que está celebrando para preparar la próxima conferencia sectorial prevista para el 10 de junio. Será probablemente en este foro cuando el Gobierno facilite los detalles de un nuevo procedimiento, que en el caso de la Generalitat Valenciana puede ser clave para tratar de bajar el alto porcentaje de temporalidad de la plantilla, en torno al 40 %. La elevada interinidad, así como el envejecimiento del personal, son dos de los grandes males que afectan a la función pública valenciana y ambos asuntos fueron tratados en el encuentro virtual que el martes mantuvo la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, con la ministra.

Dar estabilidad al empleo público e incorporar savia nueva pasa por convocar procesos selectivos, pero la crisis sanitaria ha hecho saltar por los aires los planes del departamento de Bravo. Según los datos de conselleria, están en marcha un total de 130 procesos que corresponden a las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 por las que se convocaban oposiciones para cubrir 4.902 plazas.

El estado de alarma ha paralizado los procesos que buscan incorporar efectivos y consolidar el empleo. Sin embargo, en tanto en cuanto todos los procesos se retoman y llegan a buen puerto, la Generalitat envejece a marchas forzadas y las jubilaciones (la previsión son perder 1.000 efectivos al año a partir de 2025) continúan. La amenaza es doble: el colapso por la falta de manos y el aumento de la temporalidad, ya que ante la falta de funcionarios, el Consell acude a la contratación de interinos.

En este contexto, Bravo solicitó
al Gobierno central que se eliminen las tasas de reposición, de forma que la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Generalitat del año 2020 incluya la convocatoria de oposiciones para cubrir 2.000 puestos. Se trata de una reivindicación antigua, pues la tasa de reposición (la limitación presupuestaria para cubrir vacantes) se remonta a una década atrás. Ante un escenario de crisis económica y de restricciones en el gasto resulta complicado pensar que el Ejecutivo abra el grifo de las ofertas.

El camino para reducir la temporalidad (el objetivo de Bravo es llegar al 8 %) podría estar más despejado si el Gobierno habilita un procedimiento específico para facilitar la conversión de interinos a fijos. Fuentes consultadas relacionan esta medida con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena las prácticas abusivas con respecto a los temporales.

El fallo era muy esperado por el personal interino, que soñaba con que Europa les facilitaría la conversión en fijos. La sentencia no concede este deseo, pero sí abre la puerta a procesos más sencillos para que quienes llevan años en el mismo puesto puedan tener la oportunidad de consolidar su plaza. También contiene un serio aviso a las administraciones de lluvia de indemnizaciones vía judicial. El fallo alude a la disposición transitoria cuarta del Estatuto del Empleado Público que regula los procesos de consolidación temporal y en los que se apoyan las convocatorias de la Generalitat para interinos. Esta cláusula no permite un acceso restringido, pero sí ciertas ventajas como el peso de la experiencia en la fase de concurso. El tribunal europeo cree que esta disposición no es suficiente para frenar los abusos, por lo que abre la puerta a cambios normativos. Esta nueva vía permitiría al Consell modificar o regular nuevos procesos para sus interinos y, de paso, reducir el impacto de las indemnizaciones.