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http://www.elmundo.es/andalucia/2015/04/07/5523fa69e2704e775b8b456b.html

Mientras se despedía y se despiden profesores, el dinero público para el empleo sin justificar sube y sube cuanto más se investiga.

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La Intervención dice que hay 3.015 millones en cursos aún por justificar
Un interventor cree que el SAE no los justificaba para beneficiar a grupos determinados

Denuncia 'fallos en las tareas de comprobación' y 'falta de medios en la Intervención'

Del total, 2.260 millones son de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo

El resto, unos 755 millones, corresponden a las ocho delegaciones provinciales del SAE

La Junta señala que el montante pendiente asciende a 733,7 millones de euros.

La Intervención General de la Junta de Andalucía afirma que hay 3.015 millones de euros pendientes de justificar en cursos de formación entre 2005 y 2013, y un interventor asegura que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no los justificaba de forma deliberada para beneficiar a empresas o grupos.

En un informe remitido a la Guardia Civil el 17 de marzo, al que ha tenido acceso Efe, la Intervención precisa que 2.260 millones de euros pendientes de justificar y requeridos por parte de las intervenciones competentes son de los servicios centrales del SAE, mientras que el resto son de las ocho delegaciones provinciales.

Así se recoge en la documentación incluida en el caso de los cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya, que se ha conocido tras decretar el levantamiento parcial del secreto del sumario y después de que la magistrada ordenara el 24 de marzo pasado la detención de 16 políticos, todos en libertad con cargos.

En la documentación también se incluye la declaración como testigo de Ignacio García Revilla, el interventor responsable del control financiero en las 26 empresas y agencias públicas en régimen especial de la Junta de Andalucía.

Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias indirectas, sabe que "los numerosos fallos en las tareas de comprobación" por parte del SAE "no pueden imputarse a falta de tiempo", y añadió que las "deficiencias en las tareas de justificación" se hacían deliberadamente.

Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para "beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".

En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron las "importantes irregularidades" en los cursos tras un informe de cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.

Así, afirmó que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la ayuda.

"Los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad", señaló el interventor antes de apuntar que "la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación".

El interventor, que aludió a la "desidia" y al "dolo" por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un "informe especial, o como se considere llamarlo", respecto al papel desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía Anticorrupción.

Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía la "tendencia" a que se paralizaran los "escasos" procedimientos de reintegros iniciados.

En su declaración, el interventor deja constancia de la "falta de medios, sobre todo de personal, que existe en la Intervención", cuyas unidades se nutrían de trabajadores "escasamente" cualificados.

Esa carencia provocaba un "retraso importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y los requerimientos judiciales", concluye el interventor.

La Junta señala que son 733,7 millones

En un comunicado, el departamento que dirige Luciano Alonso señala que la información publicada tras el levantamiento del secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de formación la Consejería "no se corresponde con la realidad" y que se trata de "una interpretación errónea" de la información remitida por la Intervención.

Según el comunicado de la Consejería, en la información publicada en la Cuenta General, que elabora la propia Intervención General, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía, se pueden consultar los libramientos pendientes de justificar de Formación para el Empleo que "ascienden a 733,7 millones de euros", según el dato remitido por la Consejería de Hacienda.

La Cuenta General de 2013 publica el último dato disponible sobre libramientos pendientes de justificar de la Consejería de Educación, la cual es competente en dicha materia de todos y cada uno de los expedientes traspasados con fecha de abril de 2013 y que son correspondientes al periodo 2007 hasta la actualidad.

Concretamente, según la Consejería, los libramientos pendientes de justificar del programa 32D a ejercicio cerrado en 2013 ascienden a 732 millones de euros. "Si se le incorporan las cuantías del ejercicio corriente la cuantía de libramientos pendientes de justificar del programa de Formación para el Empleo asciende a 733,7 millones de euros (periodo 2007-2015)".

Por ello, considera que la información publicada sobre los 3.015 millones de cantidades pendientes de justificar es "la suma de todos los requerimientos que ha realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para la ejecución de esos libramientos desde el año 2005 hasta la actualidad", por lo que, según explica el departamento de Luciano Alonso, "se suman todas las veces que se han requerido las cuantías desde 2005, aunque estas cuantías se repitan cada año".

"De ahí que la cuantía final sea notablemente superior a los libramientos pendientes de justificar que como se ha señalado ascienden para el programa 32D a 733,7 millones", ha reiterado, apuntando que las cuantías requeridas se van reiterando cada año hasta que se produce su completa justificación.

Dos de arriba no sabían nada, era sólo una Guachicokada. Por desgracia en España nos veremos un cohabitación Podemos-PP, Y sí que vamos a tener la de verdad verdadera, PPsoe.

¿Cuantos docentes y personal sanitario se podrían contratar, cuantos colegios y hospitales se podrían construir , con esa barbaridad de dinero? Un total y absoluto despropósito.

Hoy ha declarado el presunto cerebro de la trama ante el juez y ha dicho que "no sabía nada, firmaba lo que le ponían", lo mismo que la Infanta en el caso Urdangarin.

No solo nos roban en nuestra cara sino que nos llaman imbéciles y le damos 47 escaños para que sigan.