ForoUSTEA de maestros/as y profesores/as que les gusta la educación

Cita de: Enserio en 13 Mayo, 2026, 22:10:39 PMhttps://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2026/05/13/2628523/por-andalucia-propone-ley-estabilidad-empleo-publico-para-acabar-abuso-temporalidad.html

Esa propuesta es para los trabajadores públicos de la Junta de Andalucía, que son de su competencia, pero los docentes no universitarios no lo son.

Por eso el equivalente nacional a Por Andalucía, que es Sumar, tiene presentada una enmienda, de la que hemos hablado antes, al Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, que está en trámite en el Congreso de los Diputados, y que propone que se declare "fijos a extinguir" a los empleados públicos en abuso de temporalidad de la actualidad.

Recordemos que el PSOE pretende con enmiendas a esa ley convencer a la Comisión Europea para que libere los fondos retenidos por incumplimiento del compromiso para reducir la temporalidad en el sector público.

Como hemos visto la supuesta vía judicial es desde el principio una vía sin salida, siendo la política la única vía posible.


Saludos.

No hay más ciego que el que no quiere ver.

Querido Respublica, le aprecio, pero busque usted bien lo que significa cambio de paradigma antes de tratar de entender y explicar lo que va a pasar con hechos del pasado.

Cuando estén junto a usted trabajando las personas estabilizadas, o indemnizadas, seguirá diciendo que no existen, que no están ahí, que es imposible.

Y aunque no sirva de nada, porque está usted obcecado, escribo para que nadie se deje llevar por su ceguera.

Sí, la sentencia de lo Social es ya una ruina para las administraciones, y el abuso desde lo Contencioso-Administrativo también va a ser fuertemente sancionado.

Y todo además, en una espiral de estupidez sin límites, porque además es que no hay gente para cubrir las plazas vacantes sin utilizar al grueso de los que ya están en abuso. No solo son ciegos a futuro, sino que ni siquiera se han molestado en mirar los datos demográficos que muestran que se están jubilando generaciones en las que nacían 600.000 y hasta 700.000 personas y quieren cubrir sus plazas con generaciones de 200.000 o 300.000 personas.

Game over

"Como hemos visto la supuesta vía judicial es desde el principio una vía sin salida, siendo la política la única vía posible."

Estamos casi de acuerdo, salvo en que sin el acorralamiento judicial la vía política no se habría abierto.

De ahí que no entienda porque se siguen defendiendo normativas "derogadas" por Europa.

Ánimo a todas esas personas que lo pasan mal por la incertidumbre laboral, luchar merece la pena, fuerza y salud.

Cita de: Liberado en 13 Mayo, 2026, 23:05:56 PMLo verdaderamente relevante no es lo que el Supremo declare en relación a sus intenciones, es que el TJUE ha habilitado a los juzgados de instancia para dictar sentencias de fijeza ignorando la doctrina del Supremo si esta contradice la directiva. Cuando ese goteo sea constante, la Sala de lo Contencioso no tendrá una doctrina que defender, sino un colapso que gestionar. Nada nuevo para quienes recuerden el tema de las cláusulas suelo.

Conviene también preguntarse a quién beneficia que nada cambie. El sistema de oposiciones tal y como existe hoy mueve un volumen económico considerable, a lo que se añaden las estructuras sindicales cuya influencia depende en buena medida de gestionar el acceso a esas plazas.

 Ahí está la clave.

Cita de: Enserio en 14 Mayo, 2026, 00:45:02 AM"Como hemos visto la supuesta vía judicial es desde el principio una vía sin salida, siendo la política la única vía posible."

Estamos casi de acuerdo, salvo en que sin el acorralamiento judicial la vía política no se habría abierto.

La vía política, es decir, el cambio legislativo, se produjo porque el PSOE necesitaba el apoyo de fuerzas de izquierdas, que ya llevaban décadas demandando el concurso de méritos para estabilizar a los interinos.

Si hubiéramos seguido con gobiernos de derechas o el PSOE no hubiera necesitado a los partidos de izquierdas, el único planteamiento habría sido el de siempre: oposición y más oposición.

Y lo que tú llamas acorralamiento judicial, en realidad son sentencias del TJUE que no obligan a nada y cuya interpretación deja en manos del Tribunal Supremo, que como sabemos, tiene mayoría de jueces conservadores y elitistas.


Saludos.

Cita de: Enserio en 14 Mayo, 2026, 00:33:00 AMSí, la sentencia de lo Social es ya una ruina para las administraciones, y el abuso desde lo Contencioso-Administrativo también va a ser fuertemente sancionado.

Yo respeto las opiniones de todo el mundo, si se hacen desde el respeto, pero si no se acompañan de fuentes contrastables, no responden más que a deseos.

En este caso, ¿cuál es la base para afirmar que la Sala de lo Contencioso del TS va a revisar su jurisprudencia y por tanto se va a producir un cambio de paradigma?

No hay ninguna, lo que hay es justo lo contrario, una resolución reciente de la propia sala donde afirma que no procede cambio jurisdiccional alguno, y eso es de lo que yo he informado.

No he dado ninguna opinión, solo he informado de la realidad que acontece, que no conviene ignorar por mucho que a uno no le guste.


Saludos.

Si hubiese sido por los padres de esos jueces conservadores y elitistas aún seguiría en vigor la pena de muerte en Espqña, ¿está en vigor?.

No es una cuestión de deseos, la justicia europea está por encima de la española desde que se entró en Europa, y sí obliga, otra cosa es que esa clase se resista a la pérdida de poder (a poner la mano para recibir dinero de Europa no se resiste).

Mi fuente son las sentencias del TJUE, las sanciones económicas que a los 626 millones van a sumar más de 1000 millones, y las futuras sanciones millonarias diarias si en 2 meses no hacen lo que se les ha dicho.

Mis fuentes son también las sentencias previas del TJUE que obligaron a cambiar sus leyes y estabilizar a los abusados a países como Francia, Italia, Portugal o Grecia.

Honestamente, es obvio que prefieren desobedecer, pero esta vez están acorralados económicamente, y eso sí les va a hacer hincar la rodilla (otra fuente es ver como el PNV de hacerse el valiente y votar no a la fijeza hace poco, ya está con la cabeza agachada mendigando los fondos Next Generation).

Nadie discute que las Directivas comunitarias prevalecen sobre la legislación nacional. Esa no es la cuestión.

La cuestión es que las sentencias del TJUE, que aquí las hemos ido analizando, absolutamente ninguna de ellas obliga a los tribunales españoles a nada concreto.

Y cuando las preguntas que le hacen los tribunales le obligan a concretar, porque para responder preguntas es para lo que sirve el TJUE, se limita a decir que son los tribunales españoles los que tienen que interpretar sus respuestas, y eso es justamente lo que hace el Tribunal Supremo, interpretar las sentencias del TJUE, y crea jurisprudencia de obligado cumplimiento por todos los demás tribunales inferiores.

Así que si tu fuente son las sentencias del TJUE, no tienes ninguna, igual que no la tienen los interinos que han ido recurriendo al TJUE durante décadas, que no solo no han conseguido nada, sino que además son condenados a pagar los costes de la Administración a la que demandaron.

Se ha puesto el ejemplo de las cláusulas suelo pero en realidad es un contraejemplo, porque ahí sí obligó el TJUE a los tribunales españoles a anular esas cláusulas, mientras que sobre interinos no ha obligado nunca a nada.

En relación a las supuestas sanciones económicas, no existen. Hay un procedimiento abierto desde hace mucho tiempo por la Comisión Europea por la excesiva temporalidad, pero la CE es un órgano político, y lo que sucede en esos casos, es que se llega siempre a un acuerdo político, como ha pasado con casos graves de infracciones con países como Polonia o Hungría, que amenazan con bloquear decisiones importantes, se llega a un acuerdo, y se retiran las amenazas de sanción.

Y que nadie piense que a la Comisión Europea, gobernada por las derechas europeas, le importan los interinos españoles, ellos solo ven una estadística, y les da igual si la temporalidad se reduce estabilizando a los interinos, o poniendo unas oposiciones duras para contratar a nueva gente que ahorre trienios, o se externalizan servicios y se despiden a todos los interinos.


Saludos.

Hay varios puntos de los tratados que merecen una respuesta más precisa, para no confundir la resistencia corporativa con la legalidad vigente.

El primero es la idea de que el Supremo interpreta al TJUE y que eso le da carta blanca. No es así como funciona el marco de gobernanza europeo. Cuando el TJUE declara que el sistema español de respuesta al abuso es estructuralmente insuficiente, el margen de interpretación del Supremo no es amplio: es inexistente en ese punto concreto. Su única obligación es articular una sanción que cumpla con el estándar europeo. Si en lugar de eso construye una doctrina que vacía el contenido de la directiva, no está interpretando, está inaplicando el Derecho de la Unión por la vía de los hechos. Y eso tiene una consecuencia patrimonial directa: la responsabilidad patrimonial del Estado. El ciudadano perjudicado por una doctrina judicial contraria al Derecho europeo tiene acción directa contra el Estado por el error de sus tribunales. Es un coste económico que la Administración no podrá ignorar de forma indefinida.

El segundo punto es la supuesta obligación de los tribunales inferiores de seguir al Supremo. En derecho interno es así, pero en Derecho de la Unión rige la doctrina Simmenthal, que establece que cualquier juez nacional, por su propia autoridad y sin esperar a que el Supremo rectifique, tiene la obligación de inaplicar la jurisprudencia interna si esta contradice la directiva. Eso significa que un juzgado de lo contencioso puede dictar hoy una sentencia de fijeza ignorando los recientes intentos de la Sala Tercera por blindar su doctrina, y estaría actuando bajo el amparo estricto del Derecho de la Unión. Cuando ese goteo desde la base sea constante, el Supremo no tendrá una doctrina que defender, sino un colapso sistémico que solo se resuelve con una nueva cuestión prejudicial que le dejará exactamente donde no quiere estar.

Sobre las cláusulas suelo como contraejemplo, el argumento no se sostiene si se revisa lo que realmente ocurrió. El TJUE tampoco dictó allí una orden directa de anulación: lo que hizo fue declarar que la limitación temporal que el propio Tribunal Supremo español había impuesto a la retroactividad era incompatible con la directiva de consumidores. No anuló las cláusulas, declaró que la interpretación del Supremo vulneraba el Derecho europeo. Lo que siguió fue exactamente lo que está empezando a ocurrir ahora: juzgados de instancia aplicando el criterio europeo por encima del Supremo hasta que el sistema no tuvo más remedio que corregirse. El mecanismo es idéntico, no opuesto.

Sobre la Comisión Europea y su carácter político, el argumento del pacto ignora la realidad de 2026: los fondos Next Generation. España ha vinculado miles de millones a hitos específicos de reducción de la temporalidad. Si el TJUE dictamina que las leyes de estabilización actuales son un fraude de etiquetas, la Comisión no necesita motivaciones ideológicas para actuar, solo necesita proteger el presupuesto europeo ante el Tribunal de Cuentas. El acuerdo político termina donde empieza la auditoría de fondos.

Por último, esta reciente estrategia de comunicación de la Sala de lo Contencioso es la mayor evidencia de debilidad. Los tribunales que operan con seguridad jurídica no emiten comunicados para decir que no van a cambiar, se limitan a fallar. Que la Sala Tercera haya sentido la necesidad de verbalizar su resistencia es la prueba de que el suelo se está moviendo bajo sus pies. Es exactamente el mismo patrón que vimos con las cláusulas suelo y con el personal laboral: una negación rotunda que precede a una rectificación inevitable.

El Supremón no está interpretando, está ganando tiempo. Pero el tiempo en Luxemburgo corre a una velocidad distinta que en Madrid, y el patrón de la historia jurídica de España en la UE es siempre el mismo. El muro no cae porque el Supremo decida derribarlo, sino porque ya no puede sostener el peso de la ilegalidad comunitaria.