Carta de protesta del claustro del IES Ruiz Gijón (Utrera) vs Inspección

[toroloco]

Carta de protesta del claustro del IES Ruiz Gijón (Utrera, Sevilla) frente a la actual intervención de la inspección en nuestro centro

Mié, 15/02/2017 - 14:11

En respuesta a las actuaciones que la Inspección educativa ha comenzado a desarrollar en nuestro Centro desde principios de curso, el Claustro del profesorado, en la reunión del 26 de enero de 2017, acordó por unanimidad presentar este escrito de protesta:

    Este Claustro ha recibido el informe final de la evaluación de la Inspección a través de la Dirección, sin que haya podido haber ningún diálogo, ni hayamos podido pedir aclaraciones, o resolver dudas, respecto a su contenido o aplicación. El inspector de nuestro Centro ha rechazado la invitación que, a través de Dirección, aprobamos enviarle para asistir a un próximo Claustro. Nos resulta incomprensible que en la evaluación de nuestro Centro la Inspección educativa haya incluido a otros sectores de la comunidad educativa (familias y alumnado), pero se haya evitado desde el principio al órgano de representación democrática y pedagógica del profesorado (el Claustro de profesores); especialmente cuando se nos requiere para cumplimentar las conclusiones de su informe con la mayor celeridad (algo que, avisan, comprobarán en el próximo trimestre), sin que tengamos claros algunos aspectos del mismo. Apoyamos la propuesta de la Junta de Personal Docente (Sevilla, 2013), frente a otras polémicas actuaciones en años anteriores, de una Inspección educativa que preste "apoyo, asesoramiento y soluciones dialogadas". Valoramos la crítica, que seguramente podrá ayudarnos a mejorar, pero desde la consideración y el respeto, la colaboración y el diálogo. Defendemos también el fomento de la colaboración y participación democrática de toda la comunidad educativa. Por ello creemos que es más interesante que ésta pueda reunirse para debatir en común las propuestas de mejora y no que la Inspección entreviste por separado a algunos de sus componentes (con la exclusión ya mencionada del profesorado) para formarse su particular percepción de la situación de nuestro Centro.
    Consideramos que si se trata de eso, de evaluar nuestro trabajo, es necesario que en esa evaluación no nos conviertan en sujetos pasivos de control (como ha sucedido en este caso), sino que nos permitan participar en ese proceso de evaluación, en su diseño e implementación; que ese proceso nos sirva para reflexionar sobre nuestra propia práctica, y no para forzarla aceleradamente a adaptarse a los actualmente impredecibles cambios legislativos. La Inspección debería ya conocer la cuestionable utilidad de los resultados de evaluaciones externas en la que los evaluados desconocen con claridad sus objetivos y criterios (éstos sólo han llegado a través del ETCP, y no ha habido posibilidad de retorno en la comunicación con la Inspección). Unos objetivos y criterios que los evaluados perciben en ocasiones como lejanos a su práctica diaria y orientados por decisiones políticas o administrativas a corto plazo.
    Cuestionamos que desde la Inspección se prescriban metodologías que no tienen en cuenta la realidad con la que trabajamos, e ignoran la experiencia y la cultura docente. En este sentido, la Junta Personal Docente ya recogía, en el año 2013, la propuesta de "eliminar la tendencia a prescribir en vez de aconsejar o proponer líneas de actuación sobre programaciones y evaluación", así como "contextualizar y contemplar la autonomía que tiene el profesorado en estas competencias".  Por ello, nos cuesta entender que durante la actual evaluación de la labor docente de algunos compañeros y compañeras, se haya pedido a algunas profesoras de PMAR que tuviera programadas para el mes de diciembre unidades didácticas mediante el trabajo por proyectos, aunque reconociera al mismo tiempo que no existen actualmente las condiciones para poder aplicar esta metodología en nuestras aulas (atribuyéndolo a los recursos disponibles, olvidando que las exigencias del currículo, de la estandarización de programaciones y del proceso evaluador que se trata de imponer hace difícil el uso de tales metodologías). En ningún momento se indicó al profesorado qué tareas podían desatender para poder cumplir estas demandas (pues estaba añadiendo más carga a su trabajo de finales de un trimestre).
    Este comienzo de curso ha sido difícil, con mucho trabajo para el profesorado por los actuales cambios legislativos que nos obligan a preparar nuevos temarios, nuevas asignaturas, nuevas metodologías, nuevos modos de evaluación. Hemos tenido que adecuar las programaciones a una legislación en constante proceso de revisión y con conflictos competenciales entre Administraciones. En poco tiempo hemos vivido la confusa sucesión de competencias, criterios de evaluación y estándares que nos han hecho modificar las programaciones varias veces durante el primer trimestre. Y con unas pruebas de Selectividad todavía en el aire. Y ello junto con unos recortes presupuestarios que han aumentado el número de alumnos por clase y que hacen que cada vez impartamos más materias "afines" distintas de la especialidad por la que nos incorporamos a la docencia. Alumnado y profesorado sufrimos las consecuencias de estos ya largos recortes sin que se nos escuche en ningún momento para decidir o apoyar las soluciones. Es contradictorio que en el actual Informe elaborado por la Inspección se incluyan medidas como el desdoblamiento de grupos, los agrupamientos flexibles o la intervención de dos docentes en el aula, cuando conoce la reducción de otros cuatro profesores menos en nuestro Centro para este curso; o que afirme que la muy elevada ratio en los cursos de primero se deba al descenso en la tasa de promoción del curso anterior (y no en el rechazo a conceder otro grupo). En ningún momento se analiza en el informe los posibles efectos de los recortes presupuestarios, sino que se correlacionan directamente las tasas de resultados con las actuaciones desarrolladas en el Centro. No se valora tampoco en el informe, por ejemplo, la denuncia del alumnado, en su reunión con la Inspección, del deterioro de las infraestructuras del Centro (creado en 1965, no recibe dotación para inversiones desde 2011, y desde ese año hasta el curso 2015/2016 los gastos de funcionamiento se han reducido en 30.000 euros). Además, toda actividad docente para la que no haya un registro documental parece no existir para la Administración; aunque la proliferación creciente de tales registros no conduzca, como reconoce el propio Informe de Inspección, a una aplicación real y práctica en la vida del Centro y en la tarea docente.
    Denunciamos que en los actuales criterios de evaluación se han incrementado progresivamente los ítems a cumplimentar (competencias, logros, objetivos...) haciendo interminable este proceso y, sobre todo, poco útil para nuestro trabajo. Al profesorado se nos exige tener en clase a mano los criterios de evaluación, la programación de aula con todo lo que vamos a hacer con los alumnos perfectamente detallado para su revisión. No entendemos que esta tarea, difícil de cumplimentar durante la labor en el aula, si no es a costa de ralentizarla, se sugiera desde Inspección realizarla en horas de permanencia dedicadas a otras funciones. Creemos que la educación no es un proceso de producción asimilable al de una empresa en los que una programación rigurosamente secuenciada (siguiendo estándares de calidad), en los que se operacionaliza cada uno de los objetivos a alcanzar y se precisa los términos de evaluación y medición de los logros, garantice la mejora del "producto". Por desgracia, actualmente, en la educación, esta insistencia en la planificación y control del aprendizaje sirve para postergar o invisibilizar cuestiones urgentes (la pérdida de democracia en la escuela, el fomento del liderazgo frente a la participación, el deterioro de la equidad frente al fomento de la "excelencia"...).
    Denunciamos que algunas intervenciones de la Inspección educativa están colaborando con la creciente descualificación y falta de autonomía del trabajo docente, sometida a un proceso de uniformización y estandarización diseñado para la "mejora de resultados". La insistencia en el minucioso desarrollo de las programaciones de departamentos, según estándares impuestos, bajo la amenaza de que cualquier formalidad documental puede dar por buena una reclamación, es un reflejo de lo anterior. Además, esa estandarización impuesta limita cada vez más gravemente la innovación y experimentación educativas (pues para comparar hay que tomar un modelo de medida, y lo que no es medible es cuestionado). Si no, véase la definición de los estándares de evaluación que establece la actual legislación y en los que insiste la Inspección:  "Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables". Entendemos la autonomía docente siempre dentro del marco de su carácter de servicio público, en conexión con las necesidades democráticamente compartidas por la comunidad, a la vez que como una garantía democrática frente al intento de imponer el interés particular de ciertos sectores políticos o económicos sobre el espacio de lo público.
    Denunciamos nuestra creciente sobrecarga laboral, que excede en ocasiones lo recogido en nuestro horario regular e irregular. En este sentido, la demanda de Inspección de aumentar la coordinación docente se contradice con que a su vez apliquen reducciones de horas de coordinación de los jefes de departamento (cuando no han suprimido o integrado alguno de ellos), así como el aumento de horas lectivas y de guardias del profesorado en general. La necesidad de una formación permanente en el profesorado, que todos compartimos, se hace cada vez más difícil con un horario de tarde que se llena cada vez más con horas de tutoría, reunión de departamentos, de consejo escolar, evaluaciones, claustros... Además, se exige la asistencia a evaluaciones iniciales y a otras actividades que no están incluidas en nuestro horario. Esta misma inspección debería explicarnos qué horas de nuestro horario no lectivo o irregular (preparación de clases, correcciones de tareas, etc.) debemos desatender para cumplir esas exigencias. Denunciamos que, durante el actual proceso de evaluación, se ha convocado en ocasiones al profesorado fuera de sus horas de reunión o permanencia (incrementando su jornada laboral sin justificación).
    Apoyamos un proceso de evaluación docente en el que pueda participar democráticamente toda la comunidad educativa, que sirva para valorar y ayudar a mejorar, que no esté diseñado para controlar y disciplinar, para comparar o clasificar a los docentes. Queremos una relación basada en el diálogo y la consideración, en la confianza y la colaboración, en el respeto a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Desde el Claustro de profesores del I.E.S. RUIZ GIJÓN, y ante la ausencia de diálogo con la Inspección, nos comprometemos a difundir entre los sindicatos y la comunidad educativa esta protesta, especialmente por la falta de cultura democrática que reflejan algunas actuaciones de la Inspección educativa, así como por la creciente descualificación y pérdida de autonomía del trabajo docente en la que parecen colaborar.

EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO DEL I.E.S. RUIZ GIJÓN (UTRERA).

UTRERA 3 DE FEBRERO DE 2017.

[Delacroix]

Trabajar en la provincia de Sevilla se está convirtiendo en algo complicado o incómodo graciasa la cantidad de palmeros y cortijeros que abundan en los equipos directivos y en la inspección. Qué pena.

[hispalense22]

Trabajar en la provincia de Sevilla se está convirtiendo en algo complicado o incómodo gracias a la cantidad de palmeros y cortijeros que abundan en los equipos directivos y en la inspección. Qué pena.

No sólo en Sevilla, se podría cambiar el nombre del centro por el de otros IES y la carta serviría igual (tal cual, misma actuación por parte de la inspección).

[jmcala]

¿No sería adecuado ignorar lo dicho por la inspección sin más? Las indicaciones que parece que ha hecho ese inspector carecen de rigor alguno, sin especificar cuál es la prioridad y qué tareas se han de desatender para atender a sus indicaciones.

Dicho de otro modo, que no vale con que dicte "orden" alguna si ésta no especifica cómo debe ser ejecutada dentro del horario laboral de los trabajadores.

La inspección está tomando como norma que las, ahora cinco horas otra vez, horas dedicadas a la labor propiamente docente sirvan para cualquier cosa.

¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué echamos cuenta de aquello que es perfectamente ignorable?

Y quiero ser muy claro. Los inspectores pueden comenzar expedientes administrativos, sí. Pero hacerlo sin motivo y a sabiendas de que es injusto exigir a un subordinado hacer cosas que exceden su horario laboral, es un delito.

¿Seguro que están dispuestos a iniciar diligencias administrativas a riesgo de recibir querellas por ello?

[juanbta]

Nada nuevo bajo el sol. Las intervenciones de los inspectores en las evaluaciones de los centros suelen ser, en un gran porcentaje, indignantes.
Yo sufrí hace unos años una de estas intervenciones en mi antiguo centro. Lo primero que hizo el inspector fue reunirse con los padres, y, acto seguido, con los alumnos que eran delegados de curso. Las preguntas que les hacía el sujeto a los alumnos eran del tipo : ¿Cómo os va con la profesora de lengua? ¿que opináis del de matemáticas? y  cosas así. Con los profesores, en conjunto, no se reunió ni una sola vez.
Eso sí, después cogió y se reunió de manera individualizada, y a puerta cerrada, con esos profesores menos ''guays'' y que cateaban más de la cuenta para amenazarlos de palabra y NUNCA POR ESCRITO[.
Amenazas del tipo,(.... ya sabe usted que si un alumno no aprueba me vería obligado a pedirle un seguimiento pormenorizado del mismo lo que provocaría que usted tuviese que rellenar una serie de imformes que tendrían que estar en un plazo tal y tal........ y claro, es menester que usted recapacite...).
Estamos hablando de profesores superprofesionales y a los que el inspector no podía hincarles el diente de otro modo.
Los inspectores lo que quieren es que los alumnos aprueben, sea como sea. Lo demás les da exactamente igual. No olvidéis nunca esto.

[jmcala]

Los inspectores están para velar por el cumplimiento de la norma y para orientar y asesorar, siempre dentro de la norma.

El resto de cosas no está en sus labores. Hacer llegar directrices políticas a los centros no está dentro de sus competencias. De ahí que, si no hay nada por escrito, se puede ignorar todo tipo de indicaciones y advertencias.

Por ejemplo, ¿dónde dice que yo tengo que entregar no sé cuántos papeles en caso de que un alumno presente una reclamación? ¿Dónde dice que yo soy el encargado de la guardia y custodia de los exámenes que ha realizado el alumno? De hecho, los exámenes realizados por éstos pueden ser material de estudio, con criterios pedagógicos muy claros y perfectamente entendibles, y eso haría aconsejable que estuvieran en su poder. Es más, esas pruebas, una vez realizadas, podrían ser consideradas propiedad intelectual de los alumnos.

En este tipo de casos es donde se echa en falta la actuación de los sindicatos, dejando claro a los servicios de inspección que se apoyará y se pondrán todos los medios legales de los que se disponen al servicio de los docentes que sean acosados por actuaciones irregulares. Ellos, los inspectores, están presionados por los cargos políticos que pueblan las delegaciones. Siendo funcionarios, como son, deberían plantar cara y no hacer caso de aquellas directrices que no sean ajustadas a la norma y, en ningún caso, tratar de pasar la pelota a otra parte del terreno de juego.