Autoridad del profesor

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La Junta inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado

La norma protegerá también la presunción de veracidad de los docentes de todos los centros públicos y concertados de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado que otorga a los docentes que prestan servicio en el sistema educativo público de Andalucía la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad. Además, garantizará la asistencia jurídica y psicológica del profesorado y establecerá un marco de normas y medidas disciplinarias, dentro de los planes para el fomento de la convivencia en los centros.

Igualmente, la norma promueve el trato, la consideración y el respeto que le son debidos a los docentes en el ejercicio de sus funciones y competencias, tanto por parte del alumnado y las familias como del resto de profesorado y otro personal que preste su servicio en los centros.

Para ello, el texto recoge derechos del profesorado como tener la potestad y la autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente, que le permitan un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. La Administración educativa velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña y realizará campañas que favorezcan su prestigio social.

Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar el propio alumnado.

Asimismo, están incluidos en el anteproyecto de ley los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado cuando se produzcan en el ejercicio de su función docente. Así, contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños en los casos de agresión física o moral al profesorado causadas por el alumnado o por personas relacionadas con él.

Al margen de la responsabilidad civil o penal, incluye la petición de excusas y reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según los hechos.

Los alumnos también estarán obligados a reparar los daños o hacerse cargo del coste que causen de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos en la ley.

El ámbito de aplicación de la futura ley será en los centros educativos, servicios, programas y actividades que se realicen en los colegios e institutos en horario escolar y se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen los centros para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores.

El texto legislativo establece el deber de colaboración de las familias y de las instituciones públicas cuando un profesor necesite recabar información para el ejercicio de la función educativa, así como para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes.

23/05/2.020

Aprobado el anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado

La norma destaca, además, a la figura del docente como pilar fundamental del sistema educativo


El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado que otorga a los docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones así como la presunción de veracidad. Además, garantizará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado de los centros públicos. Asimismo, la futura norma tiene como objeto destacar la figura del docente como pilar fundamental del sistema educativo.

Igualmente, el texto recoge los derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente como el de recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, de las familias, del resto de los profesores y de otro personal que preste su servicio en el centro docente, conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.

También, a tener la potestad y la autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata, proporcionada y eficaz, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente, que le permita mantener un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

Otro de los derechos recogidos en la norma es a desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos, especialmente a su integridad física y moral y a su dignidad. Además, el docente podrá solicitar la colaboración de las familias o representantes legales del alumnado para el cumplimiento de las normas de convivencia.

La Administración educativa velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte realizará la oferta de formación adecuada y programas y campañas que pongan en valor la función docente y contribuyan a mejorar su consideración y prestigio social. Esta formación pondrá especial atención en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las redes sociales.

Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad "iuris tantum", sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar el propio alumnado.

Asimismo, están incluidos en el anteproyecto de ley la responsabilidad y reparación de daños. En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumno o la alumna, se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta así como la reparación espontánea del daño producido y la petición de excusas.

Por otra parte, el alumno estará obligado a reparar los daños que cause individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa.

El ámbito de aplicación de la futura ley se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores. También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integración física o moral del profesorado con inclusión del ciberacoso y actos de naturaleza similar siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.

[jmcala]

A priori parece una buena noticia.

[RM]

El profesor ya estaba reconocido como autoridad pública.

[alboradas]

Y de presunción de veracidad en el ámbito de su actuación docente.

No entiendo qué maniobra de despiste es esta.

O sí....

[pressfield]

La noticia es buena, aunque pienso que es una cortina de humo puesto que no van a hacer nada por que la vuelta al cole en Septiembre se de con las máximas garantias para el profesorado y los alumnos.
Saludos.

[Zeronter]

Es una noticia para alejarnos un poco de la preocupación que tenemos con respecto a septiembre que lo tenemos ahi cercano ya.

[jmcala]

Esa consideración la teníamos a nivel nacional pero había que desarrollarla a nivel autonómico. Creo que ahí está la novedad.

[alboradas]

Entonces tenemos un problema. La LEA no cumple con la LOMCE.

Habrá que adaptarla. Ya llevan años de retraso.

Esta noticia es acerca de un proyecto de ley. Así que puede tardar mucho, visto el interés de la Junta de Andalucía en intensificar turismo, la, construcción, con barbaridades urbanísticas que destrozan los pocos enclaves paisajísticos y naturales como Maro y Playa Genoveses en Málaga y Almería, por poner casos muy conocidos. Así como promocionando la tauromaquia con rebajas fiscales. Pero en  educación sólo tiene ojos para la concertada, privilegiandola mientras cierra líneas en la pública.

Qué largo se está haciendo este gobierno autonómico. Y lo que nos quedará por ver...