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Cita de: respublica en 07 Junio, 2013, 19:01:26 PM
Por tanto este es un asunto de suma importancia no sólo para los que se tengan que jubilar más tarde ganandando menos, sino para todos los demás.

Incluyendo el "efecto rebote" del empeoramiento en la situación de las familias que están comiendo de la pensión de sus mayores, que no son pocas.

CitarMuchas gracias Albariza, por una información tan detallada y bien estructurada 

Gracias a ti, Respublica. Tengo buenos maestros. 

Los sabios designados por el Gobierno proponen que las jubilaciones ya no suban con el IPC, y que sólo aumenten si suben los ingresos del sistema. Fátima Bañez adelanta que el Gobierno aprobará en julio la ley con la reforma de las pensiones...

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Oposición y sindicatos recelan del comité de expertos designado por Fátima Báñez, ministra de Empleo, que deberá elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones: sospechan que en realidad Rajoy prepara otro tajo al sistema usando como coartada el dictamen de los 'sabios'...

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El informe señala que "todo el delito que han cometido" es señalar un problema ya existente.
Sus previsiones son de una "disminución significativa" por la aplicación de las fórmulas.
Piden aprovechar la crisis porque ahora "el sacrificio es más fácil de aceptar".

Juan Torres López



Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.

Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?

Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.

Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.

Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.

Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para "demostrar" lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060.... Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.

Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.

En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.

En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.

Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.

Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.

Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.

Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.

Pongamos un ejemplo muy fácil.

Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.

Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).

Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.

Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.

Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.

En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.

Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.

Vicenç Navarro


A  primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como "Comisión de Expertos", ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la "Comisión de Expertos" estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo "El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones" (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado "Los inevitables recortes en pensiones" (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era "¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará". El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: "¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (...) Los salarios deberían poder descender". Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios.

No le deis más vueltas; en el fondo todo está preparado para que las aseguradoras privadas entren al saco en el negocio de las pensiones. Está más claro que el agua. Por supuesto que influye en número de parados y que hay menos gente cotizando, pero en el fondo aprovechan la coyuntura de crisis para imponer los planes privados de pensiones. Todo es cuestión de dinero, compañeros, maldito y todo poderoso dinero que parece ser el objetivo primordial de este neoliberalismo atroz que se ha apoderado de los destinos de la vieja Europa y lo malo es que parece que ha venido para quedarse por mucho tiempo. Cada dia tengo más claro que nos nos gobiernan los políticos a los que votamos, nos gobiernan las grandes fortunas y los grandes fondos de inversión. Espero que el viejo refrán de " la avaricia rompe el saco" se les cumpla a estos sinverguenzas.
Saludos.

Buen escrito.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


El mensaje que se está transmitiendo con gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables, mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la crisis y para "salvar" al Estado del Bienestar. El abanico de esta sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las pensiones en un artículo titulado significativamente "Los inevitables recortes en pensiones" en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que publica el mismo día y en el mismo número un editorial, "La revisión de las pensiones del futuro", de apoyo a la reducción de las pensiones. Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las pensiones.

Veamos primero los datos que se aportan para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8 millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo, para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la voluntad política.

Estas tesis, sin embargo, son altamente cuestionables. Todas ellas se caracterizan por intentar resolver los problemas a base de recortes y no a base de aumentar los ingresos (para ver alternativas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España de Vicenç Navarro, Juan López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos. En primer lugar, es altamente cuestionable que dentro de cuarenta años a partir de ahora España vaya a ser más pequeña y a tener una población menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas demográficas. Si miramos el récord histórico demográfico de los pueblos y naciones de España, y muy en particular los últimos treinta años, podemos ver que, excepto en casos de recesión profunda, la población ha crecido. Es más, diferencial entre el nivel de vida de España y el de sus vecinos del sur continuará creciendo, con lo cual es más que probable que la inmigración no se interrumpa. Los porcentajes que J.O. utiliza, sumamente alarmistas, son más que cuestionables. Si asumimos que las tasas de crecimiento demográfico serán las mismas o semejantes a las de los periodos expansivos de la economía (que son los periodos más largos, a no ser que asumamos que estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), entonces estos porcentajes utilizados por J.O. son excesivamente alarmistas. Es más, España está entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozona y de la UE y, por lo tanto, es de esperar que (como ocurre en países menos desarrollados) su crecimiento económico será mayor que el promedio de la Eurozona. Esta ha sido la experiencia de España en los últimos cincuenta años. Y a mayor crecimiento económico puede asumirse que habrá mayores ingresos al Estado. Creo que sería un error asumir que España será más pobre en el 2052 que hoy.

Lo cual me lleva a otros dos factores que cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el primero de ellos el número y el porcentaje de la población ocupada cotizante a la Seguridad Social. España tiene un filón que apenas ha explotado: el enorme potencial de la mujer en el mercado de trabajo. Solo el 51% de las mujeres están trabajando en el mercado de trabajo. Si en lugar del 51% fuera el 72% como en los países escandinavos, habría más de tres millones más de trabajadoras. Y el segundo factor es la productividad, puesto que a mayor productividad, mayores salarios y mayor cotización social. Es más, se necesita una mayor progresividad en la financiación de la Seguridad Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, a mayores ingresos, menor es la cotización social (a partir de un nivel totalmente arbitrario). La corrección de tal regresividad aumentaría considerablemente los ingresos a la Seguridad Social.

Otro factor de gran importancia es el aumento de la productividad. La importancia de este factor queda clara cuando calculamos que el PIB aumentaría 2,25 veces en unos cincuenta años si la productividad aumentara un 1,5% por año (una cifra razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje del PIB gastado en pensiones pasara del 8% del PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía la cantidad tanto para los pensionistas como para los no pensionistas sería mayor en 2060 que, por ejemplo, en 2007, cuando se inició la crisis. Así, si en el año 2007, de cada cien euros los pensionistas recibían 8 euros y los no pensionistas recibían 92, en el año 2060 aquellos cien euros habrían aumentado a 225 euros (constantes, con la misma capacidad adquisitiva) con lo cual los pensionistas recibirán mas de 8 euros, es decir, 33 euros (el 15% de 225) y los no pensionistas recibirán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores versus ancianos constante, sin tener en cuenta el cambio de la productividad, es un error enorme. Hace cuarenta años había un 18% de la población en España trabajando en el campo, alimentando a la población. Hoy solo el 2% lo hace y produce más de lo que producía entonces el 18%. Pongan "pensiones" en lugar de "alimento" y pueden ver que si hoy se necesitan 2,5 trabajadores por pensionista, es razonable esperar que dentro de cuarenta años haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el ridículo que habría hecho un economista que al ver que los trabajadores agrícolas disminuían hubiera alertado que España se moriría de hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la palabra "alimento" por "pensiones" y verán el ridículo de las tesis catastrofistas.

El punto clave es, pues, la productividad y cómo se distribuye la renta generada por este aumento de la productividad. En los últimos años (desde que se estableció el euro) hemos visto que las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo (en parte resultado de las políticas neoliberales que han guiado el establecimiento del euro) mientras que las derivadas del capital han aumentado, en proporción a la renta total. Por primera vez desde que hay democracia, las rentas del capital son iguales a las rentas del trabajo. No es, pues, de extrañar, que aquellos programas como las pensiones públicas financiadas por las rentas del trabajo hayan sido negativamente afectadas por esta redistribución de las rentas a favor del capital a costa del trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada que ver con la transición demográfica. Como explicamos Juan Torres y yo en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, si suponemos que las rentas de un país son cuatro euros, dos que van al capital y dos al trabajo, y si de estos dos uno va a las pensiones, es lógico que si en lugar de dos son tres los que van al capital, sólo uno queda para el mundo del trabajo, con lo cual en lugar de un euro a las pensiones, va solo medio euro. Esto es lo que está pasando. Si se quieren salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas que se derivan del aumento de productividad a favor de las rentas del trabajo, tema que jamás aparece en las reflexiones de los catastrofistas, donde jamás se habla de la necesidad de la redistribución de las rentas y riquezas en España (uno de los Estados menos redistributivos y con gasto en pensiones y en protección social más bajos de la UE-15). Así de claro.